Una sentencia del Supremo pone fin al recorrido judicial del caso de la “vaca loca”

El auto da la razón al gerente despedido de Abeltzain por presiones de la diputación del PP

El expediente resarce en lo personal al perjudicado, aunque la postura del Gobierno “popular” no tendrá consecuencias políticas

NOTICIAS DE ALAVA – Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto las cosas en su sitio cinco años después de una decisión errónea, adoptada por la presión de la Diputación alavesa, entonces en manos del PP. El auto, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, obliga a la cooperativa Abeltzain, responsable del control sanitario de la cabaña ganadera del territorio histórico, a indemnizar o, en su defecto, readmitir como empleado, a Eduardo Quintana, el principal afectado por el conocido como caso de la vaca loca, sainete que conmocionó a la provincia. El citado, con pasado jeltzale como juntero y entonces gerente de la firma de control ganadero, fue despedido a instancias del propio Eloy López de Foronda, entonces diputado foral de Agricultura. El gestor popular abogó por aquel cese con argumentos que acusaban al citado de haber realizado controles en explotaciones de sus parientes, algo prohibido por la normativa. Sin embargo, un comunicado firmado por empleados del Servicio foral de Ganadería contradijo la versión de López de Foronda, y negó que Quintana cometiera esta ilegalidad. Las consecuencias de aquella postura empiezan a ser visibles ahora. Ante la imposibilidad de cobrar peaje político después de tanto tiempo -López de Foronda ya sólo es procurador de su partido en las Juntas Generales-, los afectados, al menos, contarán con satisfacción moral, y económica.

En ese sentido, el Supremo condena a Abeltzain, entonces mediatizada en la toma de su decisión ante la posibilidad de no poder renovar el contrato foral que la facultaba para llevar a cabo el control sanitario en la provincia, y que era su sustento básico entonces, si no hacía caso a la sugerencia de López de Foronda. Para resarcir a Quintana por la injusticia sufrida, el Alto Tribunal impone a la cooperativa la readmisión del antiguo gerente o el pago de una compensación de 45 días por año trabajado. De darse este caso -que así parece, ya que la condenada tuvo que elevar un aval con el dinero en juego para poder seguir con el litigio-, el principal perjudicado de este caso deberá recibir una compensación por una década de trabajo como veterinario. Pese a que desarrolló su carrera profesional en la empresa con diferentes cargos durante 18 años, nunca se modificó su contrato como veterinario. De ahí la cuantía impuesta. A su vez, la sentencia del Supremo, firme y sin recurso, impone a Abeltzain el pago de dos años y dos meses en concepto de salarios de tramitación.

Esta decisión se antoja definitiva. Pese a que el Supremo falló en julio de 2009, la presentación de un recurso ha ralentizado la redacción de la sentencia definitiva hasta hace poco más de dos semanas. Con ello se pone fin a un recorrido judicial que empezó en la Audiencia Provincial, siguió en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ha acabado definitivamente en el Supremo. Cabe recordar que la polémica que rodeó el caso de la vaca loca empezó con el registro de un ejemplar, que además dio positivo en un control de encefalopatía espongiforme bovina -mal de las vacas locas-, derivó en un enrevesado cruce de acusaciones sobre filtración de datos de carácter personal -la Agencia de Protección de Datos falló en contra de la Diputación popular por vulnerar la legislación vigente- y fallos en el control ganadero. Una de estas consecuencias fue el despido de Fernando Quintana.

El caso es que López de Foronda anunció ante las Juntas Generales, el 4 de noviembre de 2005, que apenas un día antes había solicitado a Abeltzain el cese de su gerente. La causa, según las actas de aquella jornada, era que un decreto foral obliga a un veterinario habilitado por la Diputación a “abstenerse de ejercer sus funciones en explotaciones cuyos titulares sean parientes o tengan manifiesta amistad o enemistad”. “En 2005, Fernando Quintana ha pasado la campaña sanitaria a su cuñado, y eso no se puede hacer. El decreto foral lo impide y él lo sabía”, apuntó López de Foronda. Este posicionamiento de la Diputación resultaba clave, además, teniendo en cuenta que faltaba poco más de un mes para que finalizase el contrato de Abeltzain para la asistencia de sanidad animal en el territorio. Quintana afrontó dos procedimientos paralelos: por un lado, la Diputación inició un expediente de inhabilitación; por otro, la cooperativa, decidió despedir al gerente. Sin embargo, apenas siete días después, un escrito dirigido a López de Foronda, y firmado por personal del Servicio de Ganadería, le advirtió de que “según los datos que constan en esta Diputación, Quintana no ha realizado campañas de saneamiento ganadero” en la explotación de su cuñado “al menos en los años 2002, 2003, 2004 y lo que llevamos de 2005”.

Esa nota que Quintana realizó controles a animales de otra explotación que después se vendieron al cuñado del gerente. Entre los firmantes de la nota se encuentra el hasta hacía poco jefe del Servicio de Ganadería, Florencio Beltrán de Heredia, que había sido cesado un mes antes. Esta decisión se vinculó a la crítica de los veterinarios a la directora de Agricultura, Virginia Salazar, por las fuga de datos protegidos.

las claves
· Junio de 2005. Fallece de vieja una vaca de una explotación de Santa Cruz de Campezo. Era originaria de Eskoriatza (Gipuzkoa) y después pasó a Aramaio y finalmente a Campezo. La explotación es propiedad de la pareja de Fernando Quintana, gerente de la cooperativa Abeltzain que realiza los controles sanitarios de la cabaña alavesa.

· 27 de julio. El laboratorio de referencia del Gobierno Vasco, Neiker, realiza un análisis a la res fallecida, que da positivo en encefalopatía espongiforme bovina. La misma vaca daría después negativo en un laboratorio de Algete (Madrid) y de nuevo positivo en Zaragoza, ya el 4 de agosto de 2005.

· 16 de septiembre. Comienzan los artículos del periódico “El País” en torno al llamado caso de la “vaca loca”. Aparecen datos sobre las explotaciones de dos particulares. La Diputación inicia una investigación interna.

· 19 de octubre. E· entonces diputado de Agricultura, Eloy López de Foronda, destituye al jefe de Ganadería, Florencio Beltrán de Heredia.

· 4 de noviembre. López de Foronda comparece en las Juntas para aclarar el caso y acusa al gerente de Abeltzain de haber realizado la campaña sanitaria en la explotación de su cuñado.

· 17 de febrero de 2006. La Diputación adjudica de nuevo a Abeltzain el contrato para el control sanitario.

· Judicialización. Fernando Quintana inicia la defensa de sus intereses en los juzgados. Ahora, el Tribunal Supremo le ha dado la razón de manera definitiva.

El caso convulsionó el panorama político del territorio histórico y enredó en el equilibrio de la ganadería

La Diputación se escuda en la protección de datos
La Diputación Foral de Álava insiste en que ha actuado bajo el derecho que le asiste la Ley de Protección de Datos, por lo que duda que haya vulnerado el derecho de información, tal y como ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia. Ésta hace referencia a una denuncia presentada por el PP después de que en 2008 la institución foral no le remitiera la información que había pedido sobre contrataciones y subvenciones, y por entender que se había vulnerado el derecho de información recogido en el artículo 23 de la Constitución. La sentencia se ha dado a conocer en pleno debate sobre la transparencia de la Diputación. El grupo del PP en las Juntas Generales de Álava exigió ayer al Gobierno foral el acceso a información sobre contrataciones y subvenciones, y advirtió de que el TSJPV le ha acusado de “vulnerar derechos fundamentales”. El portavoz del grupo juntero del PP, Javier De Andrés, explicó que una sentencia ha dado la razón y exigió que la Diputación alavesa “tome las medidas precisas” para que este caso no vuelva a suceder.

 

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