GOBIERNO VENEZOLANO NEGO RESPONSABILIDAD EN MUERTE DE AGRICULTOR

terra – El gobierno de Venezuela desligó hoy responsabilidades en la muerte del productor agrícola Franklin Brito, quien realizaba una huelga de hambre en reclamo de sus tierras expropiadas, mientras que la Justicia investiga si hubo inducción al suicidio.

El vicepresidente Elías Jaua aseguró hoy en conferencia de prensa que en caso de Brito “nunca hubo una violación a sus derechos civiles, económicos o sociales” por parte del gobierno y sostuvo que las demandas del productor “no tenían asidero” en el esquema legal venezolano, según reportó la agencia de noticias DPA.

Según el vicepresidente, “desde el año 2005 el ciudadano Franklin Brito comenzó a usar el recurso de huelga de hambre, y autoflagelación.

Brito murió el lunes en un centro médico del gobierno donde estaba recluido contra su voluntad, debido al deterioro de salud por la huelga de hambre, modalidad de protesta que el productor utilizó ocho veces para que el gobierno reconociera la propiedad de sus tierras y le diera indemnización por habérselas expropiado.

Quienes fueron sus abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron que el gobierno no puede desconocer su responsabilidad en el caso, ya que el hombre estaba recluido bajo custodia oficial, mientras que la oposición señaló que la lucha de Brito fue en defensa de la propiedad privada y que nunca obtuvo respuestas a su caso.

Jaua negó que las tierras y una pequeña finca de Brito en el estado sureño de Bolívar hubieran sido expropiadas por el gobierno, y aseguró que se lo ofreció una compensación que el agricultor rechazó.

“La Fiscalía actuó en todo momento para preservarle la vida, para evitar que se muriera en las calles, como quiso la oposición.

El Tribunal Supremo le dio respuesta a los reclamos de Brito.

Ellos explicarán por qué no tenían asidero sus demandas”, expuso.

Por otra parte, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, confirmó que había recibido una solicitud para que investigue si ocurrió una inducción al suicidio por parte de la familia de Brito.

Ortega explicó que la denuncia fue presentada ayer por el ciudadano Carlos Aldana y precisó que este tipo de acción está señalada en el código penal y que prevé de siete a 10 años de prisión.

La esposa de Brito, Elena, advirtió que continuará la lucha del agricultor y que consideraba la posibilidad de denunciar el caso en los organismos internacionales de derechos humanos.

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