De los precios, los productores, los distribuidores y los consumidores

4257640nuberayos.gifRecientemente el ministro de agricultura francés y presidente de la UE en la materia, confirmó algo que todos sabemos, pero que pocos se atreven a confirmar. Que los precios que pagan los consumidores por los alimentos no dependen del coste de producción, sino de la competencia entre los distribuidores.

Durante años la administración ha facilitado la creación de grandes centros de distribución minorista, e incentivado su expansión. Hoy, los productores y consumidores tenemos un gran oligopolio con capacidad para destruir una norma considerada básica en el mercado. Que las variaciones de los precios en origen deben repercutirse en los precios pagados por el consumidor en la distribución.

La ruptura de esta norma es, tanto más frecuente, cuanto menos perecedero es el producto, es decir, se reproduce pocas veces en el tomate fresco y casi siempre en las pastas alimenticias.

Aunque cada producto tiene un comportamiento diferente, el ministro francés ha señalado como causa la ausencia de una competencia real en el sector de la distribución. Una vez que se ha identificado el problema y la causa, estamos obligados a hacerle frente.

En general, se propone atajar el problema con tres medidas: la creación de observatorios de precios de los alimentos, la obligatoriedad de un doble etiquetado, en el que figure el precio pagado al productor junto al de venta al consumidor, y el establecimiento de normas para limitar los márgenes de la distribución.

Si prestamos atención a las tres propuestas, observamos que las dos primeras solo sirven para dimensionar el problema, es decir para ver si las subidas o bajadas de precio en origen se trasladan al consumidor final y para cuantificar las diferencias, pero no para solucionarlo. Los que propugnan el establecimiento de topes en los márgenes de la distribución no se dan cuenta que la normativa europea lo impide.

Para hacer frente al problema no es necesario derrochar mucha imaginación. Existen multitud de normas nacionales y europeas que obligan a favorecer la competencia y proteger los derechos de los consumidores. A veces se trata de medidas sencillas, tales como ofrecer los mismos apoyos a la apertura de negocios de pequeños distribuidores como, los que ofrecen a los grandes (terrenos, accesos, licencias, ayudas económicas….).

En una sociedad democrática, si la normativa no se aplica o, se hace de forma deficiente, se debe sustituir a los responsables de su aplicación, en vez de aplaudirles, cuando adoptan medidas que no consiguen otra cosas que disfrazar sus errores.

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